La agencia de la ONU para la salud en la región señala que a menos que se supere esta crisis sin atender las necesidades de los más vulnerables, se corre el riesgo de que los dos últimos años se parezcan a los últimos meses. Por ese motivo, solicita también un aumento de la inversión en sanidad del 6% del producto interior bruto.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, afirmó que en ausencia de tratamientos efectivos o la disponibilidad amplia de una vacuna, la región de las Américas podría experimentar brotes recurrentes de la COVID-19, intercalados con períodos de transmisión limitada, durante los próximos dos años.
“Frente a una pandemia que cambia rápidamente, el liderazgo hará efectiva o romperá nuestra respuesta. Ahora es el momento de que líderes superen divisiones políticas y fronteras geográficas para aumentar el apoyo para una respuesta proporcional a esta crisis sin precedentes”, sostuvo Etienne en una rueda de prensa.
Los casos de COVID-19 en las Américas han superado los 4,5 millones, con 226.000 muertes al 23 de junio. Desde el mes pasado, los casos se han triplicado en América Latina y el Caribe, de casi 690.000 el 23 de mayo, a más de 2 millones hoy. “Ahora hay transmisión generalizada en la mayor parte de Centroamérica. En América del Sur este fin de semana, Brasil superó el millón de casos de COVID-19, sumándose a Estados Unidos como el único otro país del mundo con casos en los seis dígitos. El Caribe va mejor, pero con zonas rojas en la frontera de Haití y la República Dominicana, así como dentro del escudo guyanés”, detalló.
“Debemos ser realistas sobre el futuro: todos tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vida y redefinir nuestro sentido de lo normal”, dijo Etienne.
Triple amenaza
Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron esta semana en el Comité Ejecutivo de la organización una resolución que “busca equilibrar la triple amenaza que esta pandemia representa para la salud de los pueblos, el bienestar social y las economías nacionales”.
Dijo también que los países deben ajustar y coordinar su respuesta a la COVID-19 en base a datos cada vez más detallados.
“Los gobiernos tendrán que tomar decisiones, considerando simultáneamente indicadores de salud, económicos y sociales. Esto permitirá a los funcionarios de salud comprender dónde se está acelerando la transmisión y qué grupos corren un mayor riesgo con el fin de orientar mejor sus esfuerzos“, añadió.
La flexibilidad en la respuesta es clave, señaló.
“Las medidas de salud pública, así como los esfuerzos de protección social, tendrán que ser revisados periódicamente para minimizar el impacto del virus en nuestras sociedades. La provisión de protección social, financiera y fiscal, especialmente en las comunidades que dependen en gran medida de las economías informales es fundamental”, remarcó.
