En el mundo del revés, la decisión judicial que abre las puertas de la cárcel a casi un centenar de policías al servicio del narcotráfico que participaron en el asesinato de 43 jóvenes estudiantes, representa algún tipo de avance en “la búsqueda de justicia y la verdad” en el caso Ayotzinapa.
La masacre del 26 de septiembre de 2014 en el poblado guerrerense de Ayotzinapa reveló uno de los rostros más degradados de un país que, supuestamente, brillaba en todo el mundo. Las víctimas fueron un grupo de activistas sociales formados en una escuela en que el radicalismo político va de la mano de la complicidad criminal. Sus victimarios fueron delincuentes al servicio de autoridades controladas por el crimen organizado. Todo en un entorno de insensibilidad de un gobierno federal que se creía a las puertas del paraíso modernizador y la perversidad de organizaciones sociales patrocinadas por profesionales de la desestabilización internacional.
La noche de Iguala, con todo y sus horrores, es una lección casi perfecta sobre los niveles de descomposición social e ineptitud gubernamental típicos de los Estados fallidos y sociedades al servicio de los señores de la guerra.
A cuatro años de los hechos, el único misterio real gira en torno a qué tan lejos están dispuestos a llegar los grupos de poder –dentro y fuera del gobierno–, que han convertido al México más pobre y resentido en un campo de batalla en el que quienes más pierden son, justamente, los más pobres y marginados.
