Desde una visión estrecha, propia de estas tierras del norte, una vez que un inmigrante es deportado, el problema desaparece. Nada más equivocado.
Un reciente estudio presentado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), muestra un aumento de un 130% desde el 2009 en el número de solicitudes de la condición de refugiado en los países del triángulo norte centroamericano, esto es, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El informe indica que el aumento en las deportaciones tiene un impacto social y económico importante en el país al que los migrantes regresan. Tan solo en 2014 más de 80 mil hondureños fueron deportados desde Estados Unidos y México. Incluso, en entrevistas muchos de ellos dicen haber tenido que migrar a consecuencia de haber recibido amenazas de muerte de los grupos criminales.
Muchos de los deportados pertenecían a pandillas como Las Maras y, una vez de vuelta en su tierra, el camino fácil es aprovechar la debilidad institucional de sus países para sumarse al crimen organizado trasnacional. Estas mafias controlan ya amplias zonas territoriales en algunos de estos países, provocando un verdadero reino del terror, que por supuesto, genera desplazamientos y, claro, más migración.
