El 4 de octubre se elevó el costo del metro en 30 pesos chilenos. Lo cual deja el pasaje de metro en 830 pesos (1.17 dólares). Frente al alto costo de vida en Chile, y sumado los previos aumentos del costo en agua y electricidad, tal noticia causó malestar generalizado. El alza del pasaje del metro tiene la particularidad de que un porcentaje importante de este pago se dirige a financiar al transporte de buses de administración privada. Así, de acuerdo al Sindicato de Trabajadores del Metro, la tarifa técnica asociada al servicio de Metro ronda los 490 pesos, mientras el resto de la tarifa se va en aporte al privado.
Los estudiantes fueron los primeros en expresar su descontento y llamaron a evadir el pago del metro. Esto es, acceder al metro sin pagar el pasaje. En los días que siguieron la evasión se volvió masiva. Ante este hecho, el Gobierno respondió que no bajaría el precio del metro, tildó a los manifestantes como “hordas de delincuentes” y aplicó represión policial. Como reacción a la represión, el sábado 14 de octubre, junto a manifestaciones pacíficas, diversos grupos minoritarios llevaron a cabo enfrentamientos con la policía, desmanes e incendios en 17 estaciones del metro; ataques a autobuses, edificios y a puntos neurálgicos logísticos como caminos y aeropuertos. Entre estos ataques se incendia el edificio de la compañía eléctrica ENEL, una muestra de malestar a las alzas en el precio de la electricidad.
La policía se ve desbordada por pequeños grupos violentistas y Piñera responde con la fuerza, decretando Estado de Emergencia e invade las calles de Santiago con policías (Carabineros) y militares. Ante esta invasión, la mayoría de la gente se expresa con cacerolazos, actividades y marchas pacíficas.
No obstante, los militares y policías comienzan a reprimir indiscriminadamente, lo cual da pie a enfrentamientos, lo que culmina en más incendios de edificios y supermercados. Siguiendo con la lógica represiva, las fuerzas armadas por atribución del Ejecutivo, imponen toque de queda en Santiago. Al día siguiente continúan los incendios, el transporte público se halla paralizado en Santiago y se manifiestan protestas en el resto del país. Nuevamente las fuerzas armadas responden con toque de queda para Santiago y Piñera declara Estado de Emergencia en otras 9 regiones.
Ahora bien, el malestar generalizado se enmarca en una sociedad altamente inequitativa que para el año 2016 es el séptimo país con más desigualdad de una lista de 101 países (World Bank Group, 2016). En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2017 constata que el uno por ciento de los hogares más ricos del país se apropian del 26.5 por ciento de la riqueza social, mientras que el 50 por ciento de los hogares de menores ingresos obtiene el 2.1 por ciento.
Actualmente el sueldo mínimo es de 420 dólares y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 560 dólares al mes. En este contexto, sube el precio de la electricidad, agua, transporte.
Esta desigualdad e inequidad tiene lugar en un país donde el transporte está entre los más caros del mundo e implica hasta el 30 por ciento del gasto de los ingresos de las familias más desaventajadas (en contra del dos por ciento del ingreso de las familias privilegiadas). Lo mismo ocurre con la salud, educación, y previsión social; derechos sociales privatizados en el marco del modelo neoliberal construido entre dictadura, Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación), y la derecha chilena. En 30 años los ingresos de los sectores más ricos aumentan exponencialmente frente a la reducción relativa del ingreso de las mayorías sociales.
Sólo para citar algunos casos concretos, los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han tenido ganancias exorbitantes mientras la gran mayoría de los chilenos percibe (o tiene prevista) una jubilación que alcanza un porcentaje bastante menor al promedio de su ingreso percibido. Tal situación tiene al 90 por ciento de los jubilados en Chile recibiendo menos de 256 dólares mensuales, poco más de la mitad del sueldo mínimo.
Asimismo, el acceso a la educación de las universidades tradicionales (universidades públicas que forman parte del CRUCH y otras privadas de creación más reciente) se ha visto fuertemente incrementado para los jóvenes que provienen de familias que poseen los mayores niveles de ingreso per cápita.
Este estado de cosas tiene a una población endeudada para pagar estudios, salud, consumo y alimentos. El endeudamiento es de tal magnitud, que éste alcanza el 48 por ciento del PIB.
Es este contexto desigual se constata una descarada evasión de impuestos de parte de grandes empresas y del propio Presidente Piñera en la creación de empresas zombies así como la evasión por 30 años del pago de impuestos de sus casa de descanso de más de 2 hectáreas en la comuna de Pucón. A esta injusticia se suman casos de corrupción que involucran a personeros de la Concertación y de la derecha, a la policía, así como a colusión de empresas, y condonación de evasión de impuestos a grandes empresas. Estos hechos están relacionados con financiamiento ilegal de políticos y diversos fraudes al fisco. Ejemplos de esos episodios son: el caso Penta, caso SQM, Colusión del papel tissue, colusión de farmacias en el precio de medicamentos, caso La Polar, fraude en Carabineros, Milicogate, etc.
Por su parte, no ayuda a reducir el malestar social y sentido de injusticia, el hecho que el mismo gabinete de Piñera se burla del sacrificio, esfuerzo y carencia de la mayoría de los chilenos. Al respecto, ante las alzas del pasaje del metro, el ministro de Economía hace un llamado a la ciudadanía de “levantarse más temprano” (pues el costo del pasaje es menor muy temprano y muy tarde); el ministro de Hacienda realiza un llamado a que la gente compre flores, pues éstas bajaron de precio. Previamente a las movilizaciones, y ante la problemática que tiene la gente de asistir a los consultorios de salud muy temprano y esperar horas para ser atendidos, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, señala que la gente tiene la oportunidad de “hacer vida social”. Declaraciones que manifiestan una desconexión total con la vida cotidiana de las mayorías sociales y que lamentablemente se vuelven comunes.
Ahora bien, transcurrido el conflicto, y de forma tardía el Ejecutivo anuncia que dejará sin efecto el alza del pasaje del metro. Sin embargo, el modelo socieconómico inequitativo afecta a la mayoría de los chilenos y la problemática no se reduce al costo del pasaje del transporte público. En este último punto, el pasaje del metro no aplicaba para estudiantes, primeros en llamar a las movilizaciones; los cuales pueden adquirir una tarjeta de para precio reducido (sólo para algunos tramos de educación básica y media esta tarjeta es gratuita la primera vez).
Respondiendo a la convocatoria estudiantil, la mayoría de la gente expresó y continúa expresando su malestar. Un malestar que no corresponda a una “anomia”, como muchos analistas interpretaron. Al contrario de un malestar sin normas u horizontes valóricos (anomia), este malestar se inscribe en demandar justicia social y derechos sociales de calidad asegurados por el Estado. Una demanda que se viene expresando desde las movilizaciones de los pingüinos del año 2006, se potencia con las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y continúa hasta la actualidad. Esta demanda cobra tal relevancia que con base en ésta se conformó una tercera fuerza política en Chile, el Frente Amplio (por poco más del 2 por ciento de los votos, no pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2017). De igual modo, como candidato presencial, Piñera realizó una serie de promesas de avanzar en derechos sociales y equidad social, con lo que logró ser electo. Promesas, que a todas luces, no se cumplieron.
No se debe concebir que las promesas no cumplidas se limitan al actual gobierno de la derecha, sino que ha sido una constante de gobiernos de derecha y de la Concertación. El caso más cruento quizá ocurre con el retorno a la democracia, donde chilenas y chilenos fueron testigos de cómo la Concertación perfeccionaba el modelo neoliberal y formaba parte, junto a la derecha, de los dueños de Chile (dueños de hospitales, colegios, empresas mineras, pesqueras, etc.).
Pues bien, la movilización actual responde a una demanda masiva por justicia social y derechos sociales, una exigencia a que la riqueza social se reparta de forma equitativa. Una situación tremendamente válida si consideramos que la riqueza social la producen los trabajadores, no el capital que se apropia de ésta o los políticos que la administran.
No obstante, sin querer dialogar con esta demanda y frente a movilizaciones masivas pacíficas, el Gobierno puso el foco en la minoría violentista al grado que en comunicado nacional Piñera habla de un enemigo interno, y le declara la guerra asumiéndolo como “enemigo poderoso e implacable”. Argumentos que resuenan con los discursos y justificaciones del dictador Pinochet y su séquito, cuando imponen y administran la dictadura militar.
Contrariamente a aprovechar el capital cívico de chilenas y chilenos, de hacer suyas las manifestaciones de paz, de llamar al diálogo profundo, y de convocar a la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo declara Estado de Emergencia y la represión contra el pueblo se intensifica. Se genera una situación donde policías y militares reprimen sin distinción: asesinan, torturan, violan, allanan casas, golpean a estudiantes, hombres, mujeres, niñas y niños, adultos mayores.
Como cual dictadura, se oculta y censura información de este accionar. No sólo los medios tradicionales se alinean a esta manipulación mediática, sino que redes sociales como Facebook, Instagram, etc., eliminan sistemáticamente videos de usuarios que muestran la real represión indiscriminada que ocurre en el país. Se censura información de acciones represivas por parte de policías y militares: gente asesinada, violada y torturada; ciudadanos con heridas de todo tipo, como perdigones en sus cuerpos e impactos de bombas lacrimógenas que se disparan a quema ropa; allanamiento de hogares de gente humilde; saqueos que realizan los propios uniformados y consumo de droga por parte de éstos. Como parte de esta manipulación mediática, se invisibilizan manifestaciones masivas pacíficas que son atropelladas con la violencia más exacerbada por la fuerza represiva del gobierno.
Además de no entender la situación social de la mayoría de chilenas y chilenos, la acción del Ejecutivo se halla fuera de la Constitución en tanto viola derechos humanos y recurre a prácticas propias de un Estado de Sitio y no de un Estado de Emergencia. Es decir, el mismo planteamiento jurídico está viciado.
Las cifras oficiales identifican a 18 muertos. Si bien son cifras manipuladas, es un número bastante alto que en los hechos es aún mayor. Diversas fuentes civiles denuncian más bajas fatales y una diversidad de atropellos a los derechos humanos que no aparecen en declaraciones oficiales.
La inequidad del patrón también se hace patente en tanto sus residencias son custodiadas por fuerzas armadas. Por unas fuerzas armadas atemorizadas a que las “hordas de delincuentes” se acerquen y cuestionen a los patrones que diseñaron e implementaron altos ingresos y seguridad social de calidad para ellos (en gran parte financiado por los recursos de la empresa estatal del cobre CODELCO).
En un intento tardío de recuperar el orden social, el 22 de octubre Piñera convoca al pequeño espectro de los políticos que han construido el sistema inequitativo, la derecha y Concertación, para debatir la situación y proponer caminos de solución. El Partido Comunista, Frente Amplio y el Partido Socialista se restan. Entre otros elementos, debido a que no se puede conversar con el Ejecutivo mientras la gente, el pueblo, está siendo asesinado, violado y torturado indiscriminadamente.
La reunión se lleva a cabo con los constructores del sistema inequitativo. Como producto de este “diálogo”, en mensaje nacional, Piñera presenta una “agenda social”. Agenda que, en lo concreto, implica pequeñas alzas en el salario mínimo, en las previsiones, y la estabilización de las tarifas eléctricas. Acciones que realmente corresponden a migajas en una lógica subsidiaria neoliberal. A su vez, las propuestas implican otorgar más recursos a los mismos privados. Es decir, otorgar más recursos de chilenas y chilenos a las AFP, a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres, entidades privadas que administran las cotizaciones obligatorias de los trabajadores), farmacias, etc.
Por otra parte, en este comunicado nacional Piñera pide perdón por una “falta de visión”, perdón que como lo han mencionado sus voceros obedece a una disculpa de ser profesionales “técnicos” y no conectarse con el sentir de la gente. En consecuencia, un perdón que no se expresa por la violencia sistemática que se ha aplicado contra el pueblo de Chile. En este tenor, Piñera guarda silencio sobre la población asesinada, torturada, violada. Este comunicado nacional, no logra conectarse con las mayorías sociales y no hace más que expresar el fin y la agonía del neoliberalismo en Chile. Neoliberalismo con una parte ampliamente discursiva, hay que decirlo, pues si bien se privatizaron derechos sociales, empresas públicas y se abrió la economía a la inversión privada; se configuró la colusión más fuerte entre poder político y económico a favor del empresariado nacional e internacional. Es el uso del Estado para favorecer grupos económicos monopólicos. Clase política y empresarial se tornaron familia e inconfundibles.
Pues bien, en toda expresión colectiva de malestar existen grupos violentistas. La característica del pueblo de Chile, sin embargo, es estar por la paz. Lo que se expresa en manifestaciones masivas pacíficas ahora y desde décadas. Cualquier gobierno que tenga conexión con el pueblo de Chile entenderá esta máxima y se alejará de la barbarie.
Es esta línea, diversas organizaciones sociales realizaron un llamado a huelga para el 23 y 24 de octubre. La gente ha respondido de forma masiva con actividades pacíficas, como es tradición en el país. Producto de este capital cívico de las chilenas y chilenos, una acción colectiva que se catalogaba como anómica, actualmente se aprecia como una demanda articulada del pueblo, a saber: un nuevo pacto social definido por una Asamblea Constituyente democrática y popular. El pacto social expresado en la exigencia de una nueva Constitución, hace sentido si se considera que la actual Constitución que rige a la República de Chile, fue impuesta por la dictadura de Pinochet y perfeccionada en términos neoliberales (en parte real, en parte discurso), en los 30 años de “democracia” por los gobiernos de la Concertación y la derecha.
En las jornadas de manifestación ciudadana esta demanda logrará mayor articulación y se comenzarán a manifestar los liderazgos del movimiento. Por su parte, el Ejecutivo sigue con su actuar represivo, de modo que para el 24 de octubre, nos encontramos con la quinta noche consecutiva de toque de queda en Santiago y otras 9 regiones.
La misma tradición pacífica del pueblo de Chile se desmarca y le quita base a grupos violentistas y a la represión social del Ejecutivo. Este capital cívico seguirá, con este gobierno o no, hacia el camino de establecer un nuevo pacto social.
Mi opinión personal es que sería deseable que se fortalezcan demandas como “que se vayan todos”, y “autogobierno popular”. Sin embargo, decisiones respecto al sistema de gobierno que regirá al país y a sus dirigentes, lo decidirá el pueblo. Los procesos sociales no se detienen con la barbarie. Estamos ante una situación social donde resuenan con fuerza las palabras de Salvador Allende: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
Este proceso se debe alimentar con la justicia penal. Cada uno de los militares, policías, políticos, funcionarios públicos, debe rendir cuentas de su actuar represivo. Lo mismo para los grupos violentistas. Si están con el pueblo, sólo pueden estarlo de modo cívico y pacífico.
El pueblo de Chile se ha hecho escuchar, y entre sus principios se halla la máxima de que ¡el valor de la vida humana está por encima de las cosas!
Carlos Acevedo Rodríguez
Dr. en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología
Colegio de México
