Por Vidal Romero*
La reforma energética aprobada en el año 2013 en México abre la puerta a múltiples oportunidades de negocio en México para las grandes empresas de ese mercado—como aquellas dedicadas al petróleo, al gas y energías alternativas—y para los grandes inversionistas con capital suficientemente grande para invertir en estos mercados. Esto supone más empleos, más recaudación fiscal, y múltiples oportunidades de desarrollo de infraestructura en distintas regiones del país.
Idealmente, estos cambios a las normas que buscan incentivar la inversión privada en el sector energético debieran también beneficiar a las comunidades en donde se establezcan los proyectos. Dichos beneficios toman distintas formas: renta o venta de los predios en los que se instalan las empresas, empleos en las empresas, y oportunidades de negocios que atiendan la nueva demanda de los trabajadores de la empresa (por ejemplo, tiendas de víveres, restaurantes, vivienda, y recreación). Además, la instalación de empresas del sector energético implica en muchos casos la mejora en la infraestructura de carreteras, calles y servicios públicos.
En teoría, debiera ser una buena oportunidad para empresas y comunidades. Sin embargo, existen múltiples casos en los que empresas y comunidades no logran llegar a acuerdos.
La legislación liga a estos dos actores, empresas y comunidades, a través de requerir a las empresas una licencia social para poder operar. La licencia consiste en el acuerdo de la comunidad con la operación de la empresa. La legislación no es muy específica en los elementos de dicha licencia, lo que abre la puerta a múltiples interpretaciones.
Esto tiene un lado positivo, ya que deja a las partes mucha flexibilidad para adaptarse a las condiciones y preferencias específicas del proyecto y de la comunidad. Pero también tiene un lado negativo, que es que se presta para malentendidos y abusos de ambas partes.
Las empresas requieren de compromisos creíbles de las comunidades en el largo plazo, ya que los proyectos energéticos usualmente tienen retornos de inversión de varios años. Asimismo, las comunidades también requieren garantías de que las empresas cumplirán con sus promesas en el largo plazo, especialmente cuando la empresa termine sus labores en proyectos de explotación que afectan la situación del terreno y del medio ambiente.
La garantía debiera (idealmente) venir del gobierno. Sin embargo, tampoco el gobierno puede comprometerse creíblemente a que las partes cumplan con sus acuerdos.
Esta situación ha llevado a que, por falta de garantías, muchos negocios que potencialmente serían mutuamente benéficos para empresas y comunidades no se lleven a cabo. Y todos pierden: gobiernos, empresas y comunidades.
Lograr escenarios e instituciones que incentiven los acuerdos en estos temas es fundamental para maximizar los beneficios de la reforma energética. Ciertamente es un tema muy controversial el de la reforma, pero ya está vigente y hay mucho que ganar para todos.
* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Jefe del Departamento de Ciencia Política del ITAM en la Ciudad de México.
