Por Vidal Romero*
México está viviendo un cambio significativo en materia de derechos ciudadanos que implica múltiples cambios positivos. Esto no implica que ya se respeten por parte del Estado mexicano los derechos de todos los ciudadanos de forma sistemática, de hecho, quizá esto no se observe en el corto plazo. Pero se están dando una serie de eventos y cambios en formas de pensar que están estableciendo bases sólidas para un mejor futuro. Y es importante notar que muchos de estos cambios no son desde el gobierno, sino a pesar del gobierno.
Temas como el de los normalistas de Ayotzinapa, los jóvenes de Tierra Blanca desaparecidos, o las múltiples denuncias de abusos por parte de policías y militares van acumulando precedentes que inciden incrementalmente en la forma en que gobierno y ciudadanos nos relacionamos; aún y cuando en muchos casos no existan todavía consecuencias sobre los funcionarios que violan los derechos de los ciudadanos.
Las protestas de ciudadanos que atestiguamos día a día, aunque es una forma anacrónica y poco efectiva de presión al gobierno, nos muestran la suma de voluntades y energías que están sincronizadas para determinar límites ciertos al poder público.
Los medios de comunicación en general se han polarizado entre coberturas tibias, o nulas, sobre los temas de derechos humanos y aquellos medios militantes en la oposición al actual gobierno priista. Pero de una forma u otra, el tema de límites al Estado está presente en todo momento en la agenda pública.
Desde el gobierno, las posturas han sido mayormente defensivas y reactivas. Independientemente de la motivación de los funcionarios al no respetar los derechos ciudadanos, las instituciones del Estado mexicano no están todavía listas para enfrentar las demandas sociales.
El caso de seguridad es muy ilustrativo en este sentido. Hay evidencia tentativa de que la tortura sigue siendo una práctica muy común por parte de policías y agentes de las procuradurías para obtener información de presuntos delincuentes. Esto ocurre así porque no existen sistemas de inteligencia efectivos en el gobierno mexicano. Construirlos toma tiempo y recursos, y no sólo “voluntad”. Si este es el caso, entonces la solución a la tortura pasa más por cuestiones técnicas y recursos, que por exámenes de confianza para seleccionar a los “mejores” o manifestaciones en el Ángel de la Independencia.
En este sentido, las demandas del lado ciudadano se han ido sofisticando y ya no son sólo organizaciones sociales las que demandan los límites, sino también organizaciones que incluyen a académicos y practicantes en temas de derechos ciudadanos, lo que obliga a la autoridad a responder en esos terrenos también.
Estos elementos juntos han logrado que el gobierno conozca de forma mucho más clara cuáles son los límites que debe respetar. No son cambios inmediatos; en todos los países del mundo han tomado décadas en consolidarse y generar mejores condiciones.
Y todo este movimiento también está siendo útil para establecer cuáles son los límites al Estado que queremos como sociedad. Y no es sencillo acordarlos. Existen múltiples quejas sobre cuestiones que no funcionan, pero esto no implica que deba intervenir el Estado para “solucionarlo” siempre; en muchas ocasiones dicha intervención puede empeorar las cosas. Sólo debe intervenir el Estado si mejorará una situación, y esto no es muy frecuente. Por ejemplo, en el tema electoral existen muchos temas que dañan a la sociedad, como dinero ilícito, campañas sin propuesta, o baja participación. Pero esto no implica que el Estado deba intervenir en estos temas, de hecho, su intervención para intentar regular varios de estos temas ha resultado mucho más dañina y cara que si lo hubiésemos dejado al mercado.
Este es un momento de mucho movimiento y decisiones que establecerán límites al Estado mexicano del futuro. Y debemos ser muy cuidadosos con lo que pedimos, porque se puede cumplir. Si queremos que el Estado resuelva todo, entonces tendremos al Estado metido en toda nuestra vida, lo cual, ya veremos, es el peor de los mundos.
* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford.Jefedel De-partamento de Ciencia Política del ITAM en la Ciudadde México.
