La Suprema Corte tendrá en sus manos la decisión sobre el futuro de millones de familias Americanas.
Luego de casi ocho años de importantes avances la “era Obama” está por llegar a fin sin ofrecer resultados concretos en favor de los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados radicados en el país.
Y los migrantes siguen luchando. A pesar de que la inmensa mayoría de ellos ya vivía aquí cuando el Presidente George Bush prometió (Septiembre de 2001) que en un par de meses se concretaría la reforma migratoria integral que le demandó su “amigou” el Presidente Vicente Fox, a pesar de que muchos de ellos participaron en las multitudinarias marchas y manifestaciones en que, a coro, pedían salir de las sombras a las que los condena un sistema legal roto y obsoleto; a pesar de las más de 2 millones de deportaciones ordenadas por la Administración Obama; a pesar de todo, los 11 millones de trabajadores indocumentados siguen en espera de que se les permita integrarse plenamente a este país que han sabido hacer suyo.
El reciente fallo judicial en contra de las Ordenes Ejecutivas que Obama anunció hace un año que permitiría un alivio temporal para cerca de la mitad de esas personas muy probablemente llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia, donde sus nueve integrantes tomarán la decisión que afectará a millones.
Luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió revocó dos medidas clave en materia migratoria del gobierno del presidente Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados la Casa Blanca anunció que apelará ante la Corte Suprema.
La decisión de la Suprema Corte ocurrirá en un contexto marcado por dos posiciones bastante claras:
Por un lado, una acalorada retórica electoral donde el tema migratorio se ha convertido en el principal acicate con que el precandidato Donald Trump emocione a los sectores más xenófobos y racistas del Partido Republicano con su promesa de que deportará a 11 millones de personas y obligará a México a pagar un gran muro fronterizo en la frontera que divide a ese país de Estados Unidos. Eso, en un mundo donde millones de migrantes que tuvieron que abandonar Siria e Irak han sido recibidos en suelo europeo a pesar de los airados reclamos de las fuerzas neo nazis de diversos países.
Por otro lado, aún dentro de Estados Unidos, la gran mayoría de la sociedad sigue apoyando posiciones como la ley migratoria ya aprobada en el Senado que permite la regularización migratoria de millones de personas que paguen una multa, aprendan inglés y se hayan mantenido como miembros productivos de sus comunidades. Las enormes ventajas que los migrantes representan para la economía (y demografía) del país es un gran consenso reconocido tanto por casi todas las fuerzas económicas como las propias iglesias del país.
Sin embargo, no ha sido casual el hecho de que personajes como Trump hayan tenido el tino de lucrar políticamente con sus rabiosos ataques contra el segmento más fragil de toda la comunidad inmigrante, los Mexicanos, a quienes considera criminales y violadores.
Tanto porque la diplomacia mexicana se ha mantenido instalada en la cómoda y obsoleta estrategia de la inacción (“no intervención” en el argot burocrático), como por la propia dispersión y débil musculo político de los cerca de 6 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, personajes como Trump han encontrado en este grupo social un blanco fácil para canalizar un enorme y real sentimiento de frustración de amplios sectores de la sociedad.
Por cierto, no deja de ser interesante que incluso los precandidatos republicanos “pro inmigrantes” (como John Kasih y Jeb Bush) hayan asumido tácitamente que los 11 millones de indocumentados son todos mexicanos. Es todavía mucha la ignorancia que hay sobre el tema.
Un punto mucho más grave ha sido las posiciones anti-inmigrantes de los dos precandidatos Hispanos que participan en la contienda del G.O.P., los senadores Cubano-Americanos, Ted Cruz y Marco Rubio. Su supuesto respaldo a la migración legal (que su comunidad recibió de manera más o menos automática) es apenas un muy disimulado repudio a una comunidad de 55 millones de personas que vivió en carne propia la brutal realidad del “broken system” según el cual un padre o una madre tenía que esperar hasta 20 años para poder obtener una visa para sus hijos o seres más queridos.
Un hecho de fondo sigue siendo que casi todos los Latinos, y la mayoría de toda la sociedad, mantienen posiciones de apoyo a una eventual regularización de los inmigrantes indocumentados. Otro hecho de fondo es que, como lo dijera el propio vice Presidente Joe Biden hace poco más de un año, en la vida real casi todos los indocumentados “ya son Americanos”, pues se han ganado un lugar como vecinos, compañeros de escuela, empleados y jefes.
En ese marco, y en su pista de mantenerse en “el lado correcto de la historia”, la Casa Blanca reaccionó al fallo del Tribunal de Apelaciones asegurando que “no está de acuerdo” con su resolución “y pretende solicitar una revisión por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos”, según expresó Patrick Rodebush, uno de sus voceros, en una nota oficial.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
La consecuencia inmediata es que se mantendrá así durante al menos varios meses (hasta que la Corte Suprema se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).
DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que los decretos ley de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso. Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.
