El 31 de julio el Departamento de Estado de la Unión Americana desclasificó una serie de correos electrónicos en el que se mostraba a Hillary Clinton como autora de una serie de iniciativas privatizadoras que fueron base de la reforma energética aprobada por la administración de Enrique Peña Nieto, con lo que México perdió el control que tenía sobre los hidrocarburos desde 1938.
“Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue que, de ser electo presidente, renegociaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se conformó cuando nuestra Constitución aún amparaba la propiedad nacional de los recursos energéticos. Ahora, con dichas modificaciones, si el magnate replantea los acuerdos, EU estaría en posibilidad de echar mano de nuestro crudo de manera ventajosa”, señaló Patricia Pozos Rivera, académica de la Facultad de Economía de la UNAM.
A decir de la universitaria, hasta parecería que la demócrata y el republicano hubieran convenido para quedarse con los recursos de México, pues entre ambos crearon un escenario ideal para que las grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, Esso y Texaco finalmente tengan acceso a algo que anhelaron a lo largo de casi ocho décadas.
Mucho se ha dicho que de llegar a la Casa Blanca las políticas de Clinton hubieran sido más beneficiosas que las de Trump para nuestra nación, “pero por hechos como éste no creo que haya tanta diferencia y en cualquier caso, unas u otras nos iban a afectar”, dijo.
La vulneración de los migrantes
Para Pozos Rivera, Trump también ha hallado otra manera de favorecer a los capitales estadounidenses mediante la estrategia de denostar a los mexicanos a través de un discurso de xenofobia y odio, pues al pintarlos como criminales y responsables de todo lo malo que acontece en EU, los vulnera a tal grado que les arrebata la posibilidad de denunciar abusos y explotaciones.
“EU tiene un gran problema para generar empleos para su población al tiempo que depende de la fuerza de trabajo inmigrante para desarrollarse. Ejemplo de ello es California, donde el 97 por ciento de los trabajadores agrícolas son mexicanos y, de ellos, el 87 por ciento son indígenas (mixtecos y zapotecos)”, señaló.
Esto explica que en un inicio Trump amenazara con deportar a 11 millones de indocumentados y luego suavizara las cifras para señalar que sólo serían de dos a tres millones. Cumplir la propuesta inicial sería atentar contra ganancias millonarias y la economía de ese país no soportaría las pérdidas derivadas de una expulsión masiva, acotó la también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Para poner un caso concreto, la experta señaló que en California se produce el 86 por ciento de las fresas de la Unión Americana, equivalentes a 907 mil toneladas al año y ganancias de dos mil 600 millones de dólares anuales. Para lograr esta recaudación los empresarios del rubro dependen de miles de jóvenes mexicanos a quienes pagan seis dólares la hora, lo que les representa un ahorro importante pues así evitan cubrir el salario mínimo estipulado por las leyes de esa entidad: 10.50 dólares por cada 60 minutos.
“En este contexto no debemos tomar las palabras de Trump contra los inmigrantes como ocurrencias de un loco, ya que fueron bien sopesadas y tienen una funcionalidad económica clara: vulnerar a una población que hace trabajos no realizados por estadounidenses; provocar rechazo a fin de que la sociedad no los respalde en cualquier exigencia de condiciones laborales más justas, y obligarlos a aceptar sueldos aún más reducidos en peores condiciones”.
No obstante —añadió Pozos Rivera— de entre este cúmulo de malas noticias puede sacarse algo bueno, pues las comunidades latinas han comenzado a organizarse y salir a la calle para manifestarse contra el magnate republicano y sus propuestas. “Ellos se mostraron poco activos durante la administración de Barack Obama; es hora de ver qué harán para defender sus derechos y hacer oír su voz”.
