Estados Unidos tiene unos 2 millones 300 mil personas encarceladas. Es el país que mas gente tiene presa en el mundo. La gente con antecedentes penales son unas 7 millones de personas; esto es, casi un 3 por ciento de toda la población adulta.
Representando el 5 por ciento de la población mundial, este país tiene un 25 por ciento de los presos a nivel global.
De sus 2.3 millones de presos, casi un millón son negros y poco más de 300 mil son hispanos. Evidentemente el gran tema aquí es la desproporción racial y étnica. De cada 100,000 personas blancas, 380 están en la cárcel. De cada 100,000 hispanos, 966 y de cada 100,000 afroamericanos, 2,207.
A todo este universo, ahora hay que agregar a algunos de los grandes narcotraficantes mexicanos. Con las recientes extradiciones de Edgar Valdez Villarreal (alías La Barbie) y otra docena de capos, el tema de la gran crisis del sistema penal estadounidense involucra aún más al vecino del sur.
Como en el celebre y penoso caso colombiano, el tema de las extradiciones se ha convertido, de hecho, en parte central de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Ahora, luego de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán (a quién se pidió formalmente extraditar 3 semanas antes de su escape), también en el caso mexicano.
El dato informal que maneja Relaciones Exteriores hacia su interior es que unos 80 mil ciudadanos mexicanos están en la cárcel en Estados Unidos purgando alguna condena. Esta cifra es considerando al universo de los aproximadamente 10 millones de personas nacidas en México que viven acá y siguen siendo teniendo solamente la nacionalidad mexicana.
Aunque, el numero de personas detenidas es mucho mayor si se considera a la gente detenida por su autoridades de migración, de cualquier manera la cantidad de mexicanos presos supera ampliamente las capacidades de la diplomacia mexicana de atender el que según la nueva Canciller mexicana es su principal mandato, la protección de los mexicanos en el exterior.
Aquí lo relevante es que un amplio segmento de los paisanos que están purgando alguna condena en este país fueron procesados por narcotráfico.
En la vida real el tema de la Convención de Viena y la notificación consular no se aplican cabalmente. A veces los consulados y autoridades locales y federales trabajan juntos para cumplir formalmente con el expediente. Si las hay, las visitas consulares son simbólicas y de trámite. Aunque también es cierto que casi ninguno de los detenidos por narco buscan el apoyo consular, pues frecuentemente tienen dinero para contratar abogados privados que les permiten entrar al mercado de compra y venta de privilegios y negociación de condenas del sistema judicial estadounidense.
En un contexto en el que es cada día más amplio el rechazo al estado actual del sistema de justicia y penal de este país –sobre todo la llamada privatización de buena parte del sistema carcelario, el tema de los presos mexicanos es una oportunidad perfecta para la politización propia de la temporada electoral que comienza.
