Ocurrió en sábado. El 13 de agosto de 1521, las tropas de Hernán Cortés tomaron el control de la plaza principal de Tenochtitlán, centro del imperio Azteca.
Medio milenio después, el presidente de México exige a La Corona española una disculpa formal por aquella “Conquista”. Genio en el manejo de los artes ocultos de la propaganda política, Andrés Manuel López Obrador utiliza las heridas históricas en beneficio su agenda personal.
Argumentos, los tiene: aquel “encuentro de dos mundos” provocó la muerte de poco más del 80 por ciento de la población original. Cierto, de “la madre patria” llegaron a América la cruz y nuestra lengua castellana. También una violencia brutal contra los indígenas, enfermedades desconocidas y un mal ya entonces endémico en el alma ibérica: la corrupción.
Más allá de la polémica sobre “el perdón” y cierta vigencia de la necesidad de reconocer la identidad mexicana en ambas raíces –los abusos del conquistador y la sumisión del conquistado–, pocos asuntos de mayor relevancia que el de la podredumbre moral al interior de una parte de las élites económicas y políticas del país.
Bandera principal de su retórica de casi 20 años de campaña, el tema ha sido objeto de un peculiar enfoque propio del nuevo régimen. Todo aquel que ofrece “obediencia ciega” a la 4T son limpios y puros, sin importar cuanta suciedad y/o fortunas hayan acumulado al amparo del viejo régimen, al cual invariablemente se le increpa como “conservador”, de acuerdo con la nomenclatura más básica durante el siglo XIX.
Ante las denuncias y evidencias presentadas contra los suyos, ni Pío.
Paradojas de la vida, las principales acusaciones sobre hechos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años llegan a México desde Estados Unidos. Así sucedió con el juicio al propio Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y también con el proceso penal en contra de Genaro García Luna, jefe policiaco en México entre 2001 y 2012.
El caso más reciente y sorprendente en muchas décadas ha sido la captura del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario anterior. A quién, por cierto, AMLO ha ofrecido un tácito manto de impunidad.
Detenido el 15 de octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, CA a solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el militar mexicano de más alto nivel jamás acusado de narcotráfico, el general fue dejado en libertad tres semanas después. Así de fácil.
Quizá como parte de una vieja y soterrada disputa al interior de las agencias estadounidenses –la CIA contra la DEA–, quizá como producto del sometimiento extremo del gobierno mexicano ante los ataques e insultos del presidente Trump, quizá como muestra descarnada del pragmatismo del sistema de justicia estadounidense, el hecho es que el general regresó a México, donde supuestamente será investigado.
