Como demostración innecesaria de que el mundo sigue girando de acuerdo con el impulso le dan la lucha por el poder económico y político y las ideologías, la Administración Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro de estar vinculado con el narcotráfico y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien ayude a capturar al presidente de Venezuela.
Mientras el resto del planeta esta ocupado con la pandemia del COVID-19, la Casa Blanca realizó la maniobra propagandística que parece mucho más orientada a detener la dramática caída de los precios del petróleo –después de todo, Venezuela pertenece a la OPEC, el cartel de países exportadores–, que a agudizar el conflicto interno que vive el país sudamericano.
Dentro del escenario de franca descomposición social, el régimen del heredero de Hugo Chávez calificó las acusaciones en su contra como “una nueva modalidad de golpe de Estado, sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas” con el supuesto propósito de desprestigiar a su país.
El nuevo escándalo, es uno más en la larga lista de obscuros casos de alianzas y rupturas entre grupos de poder al interior del establishment Americano y los grupos criminales que participan en el negocio de la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido a las acusaciones estadounidenses que este jueves pusieron precio a su captura y a la cabeza de algunos de los dirigentes políticos y jefe militares más conocidos del régimen bolivariano, bajo cargos de narcotráfico y corrupción. Le correspondió al canciller, Jorge Arreaza, trasladar la posición oficial de Caracas más allá de la primera reacción de Maduro a través de Twitter. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “el Gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter en contra del pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado, sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas, que intentan minimizar el alto reconocimiento internacional que tiene Venezuela en la lucha contra el narcotráfico en todas las instancias multilaterales”.
El texto de la Cancillería venezolana agrega que “la política de cambio de Gobierno por la fuerza en Venezuela está condenada al fracaso” y destaca “la profunda frustración que hay en el Gobierno de los Estados Unidos debido a la paz que reina hoy” en el país. Más adelante agrega: “Irónicamente, es en Colombia donde se produce la droga que el Gobierno de Estados Unidos permite entrar a su país y que su población consume desaforadamente”. El régimen chavista le ha recriminado a la Administración estadounidense la formalización de estos cargos en medio de la pandemia del coronavirus.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no se ha referido a las graves acusaciones hechas por Estados Unidos de momento. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, Maikel Moreno, otro de los acusados directamente, sí declaró en su cuenta de Twitter que “no habrá fuerza, chantaje ni sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana”.
Mientras negaba los cargos presentados por Estados Unidos, el Gobierno de Maduro se defendía presentando una contracusación: la presunta gestación de un plan magnicida urdido desde Colombia, presuntamente con el apoyo de su presidente, Iván Duque, y de Washington, liderado por el general disidente venezolano Cliver Alcalá, y en el cual el chavismo involucra el nombre de Juan Guaidó.
