Karina Canseco/Diana Rojas
Hay dos batallas importantes pendientes: sacar a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado y conseguir que los servicios públicos de salud estén en todas las entidades federativas
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los castigos penales a mujeres y personas gestantes que decidan abortar. Hoy día, la interrupción legal del embarazo (ILE) sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, cuatro de los 32 estados que componen la República Mexicana.
En ese contexto, el pleno de magistrados aprobó de forma unánime anular artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban, hasta con tres años de prisión, el aborto voluntario e impedían al personal de salud ayudar en el procedimiento.
La resolución de la SCJN significa un avance en la lucha por los derechos humanos y en materia judicial sobre el tema. “Ya está prohibido castigar a las mujeres que abortan, ahora hay dos batallas importantes: sacar a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado y conseguir que los servicios públicos de salud estén en todas las entidades federativas”, expresó Marta Lamas Encabo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.
En entrevista para el programa Prisma Ru de Radio UNAM, la académica señaló que el tema del aborto en los medios de comunicación genera reacciones y abre el debate público para que las mujeres presionen al gobierno para que éste abra clínicas de interrupción legal del embarazo.
En ese sentido, consideró importante que se conozca la experiencia de la Ciudad de México “que lleva 14 años haciendo abortos legales, seguros, gratuitos, donde el 85 por ciento de las mujeres se hacen el aborto con medicamento en su casa y luego regresan a la revisión”.
¿A quién le toca decidir sobre el aborto?
Lamas Encabo destacó que frente al aborto sí hay dos perspectivas irreconciliables. “Quienes defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y quienes defienden el derecho de las personas no nacidas a vivir, esto se vuelve entonces un asunto de decisión política. Depende de quién tenga, en un momento determinado, la posibilidad de incidir le puede dar un giro hacia lo progresista o hacia lo conservador”.
Por lo que respecta a las encuestas que se han hecho a favor o en contra del derecho a abortar, comentó que “importa mucho cómo se hace la pregunta, si les preguntas quién debe tomar la decisión de un aborto y les das opciones: la mujer, el médico, el diputado, el 80 y pico por ciento te va a decir que la mujer”.
“Sí vamos a tener una minoría que no está de acuerdo con lo que pasó y que además tiene vínculos muy fuertes con El Vaticano, con las iglesias evangélicas y que van a hacer mucho ruido, pero también creo que sí hay ya una discusión en la sociedad y en la opinión pública respecto a la ventaja que significa la ILE”, reconoció.
Acotó que si el Gobierno Federal en turno planea hacer una consulta democrática sobre el aborto hay que plantear quién debe tomar la decisión más que simplemente preguntar si se está a favor o en contra.
50 años de lucha
La universitaria retomó la declaración de la ministra Norma Piña en el sentido de que la penalización del aborto también castiga la sexualidad de las mujeres y añadió: “como si el hecho de que la maternidad fuera un costo obligado a la actividad sexual de las mujeres”.
Finalmente, Lamas Encabo ponderó que “tenemos en el gobierno muchos políticos progresistas que están por la legalización del aborto, un movimiento feminista muy activo en todos los estados del país y, en este momento, una Suprema Corte totalmente pintada de verde que va a ser una palanca fundamental para el cambio”.
